Boletín

DE LA COALICIÓN REGIONAL POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN. N°4

¿Qué está pasando con la consulta previa en la Amazonía?

Reflexiones sobre la propuesta de consultas previas virtuales para pueblos indígenas en Perú

Diego
Saavedra Celestino

Derecho, Ambiente y Recursos
Naturales (DAR)

Diego Saavedra Celestino cuenta con estudios en Antropología y experiencia en la gestión de proyectos, investigación y trabajo con organizaciones indígenas e instituciones de la cooperación internacional, acompañando procesos de formación, capacitación de líderes y lideresas, con enfoque de género; fortalecimiento organizacional y asesoría técnica. Actualmente genera análisis y aportes técnicos sobre los derechos y la participación de los pueblos indígenas, además evalúa los impactos que se generan a partir del desarrollo de actividades extractivas en territorios indígenas. Es especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

En los últimos meses, el Gobierno peruano ha mostrado marchas y contra marchas con relación al derecho a la consulta previa y su implementación en plena emergencia sanitaria. El 30 de junio en medio de los anuncios presidenciales sobre la etapa de lucha contra la COVID-19, denominada “cuarentena focalizada”, la ministra de Economía señaló que venía coordinando con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) la reactivación de proyectos mineros y la realización de consultas previas virtuales para pueblos indígenas. Posteriormente y luego de la protesta indígena1, la ministra de Energía y Minas descartó esta posibilidad, pero declarando que viene coordinando con el Ministerio de Cultura cómo enfrentar este tema en el contexto de pandemia2.

Entonces, vale la pena preguntarnos ¿se pueden realizar consultas previas virtuales para pueblos indígenas amazónicos? Para intentar elaborar respuestas, debemos partir de lo siguiente: El derecho a la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas porque busca asegurar y proteger su existencia a través del diálogo intercultural con el Estado para la obtención de su consentimiento sobre cuestiones que les afecten3. En esta medida, la consulta previa es una expresión directa del derecho a la libre determinación4 que poseen los pueblos indígenas. Este reconoce su derecho a que se respete sus visiones de desarrollo económico, social y cultural. Y dentro de sus estándares, no debe olvidarse que la consulta se debe implementar mediante los procedimientos adecuados y en coordinación con las organizaciones de los pueblos indígenas, en base al principio de buena fe.

En ese sentido, la posibilidad de realizar consultas previas virtuales desnaturalizaría el derecho porque no cumpliría con condiciones interculturales, esto implica la definición d e condiciones en que se lleva la consulta, de manera coordinada con los pueblos indígenas.

Foto:
Viviana Araujo/DAR

El segundo problema tiene que ver con las condiciones físicas y de servicios para la implementación que una posible consulta virtual supone. Con relación a ello, la emergencia sanitaria nos ha re-recordado los serios límites y ausencias en materia de servicios que tiene los pueblos de la Amazonía. Sin conexión a internet, con limitadas condiciones físicas y materiales que muestran inmensas brechas de comunicación, implementar o apoyarse en la virtualidad para procesos de consulta previa solo debilitarían aún más el derecho.

El debate sobre las consultas virtuales plantea la cuestión de qué y cómo respetar e implementar consultas, en un contexto donde la principal medida de protección frente a la COVID-19 que los pueblos tienen es el NO CONTACTO, el aislamiento territorial.

En esa línea debemos entender la complejidad: a) existen formas ancestrales de los pueblos indígenas para la construcción y toma de decisiones, basadas en su cosmovisión, saberes, y transmisión de sus visiones, con la participación de sabios y sabias, bancos de saberes, además de tiempos y espacios vinculados al territorio. Incorporar algo de ello en la práctica de la consulta previa sería acercarse al diálogo intercultural; y b) recordar las observaciones que ya tiene la implementación de este derecho en Perú.

Por un lado, los pueblos indígenas llegan en déficit de preparación técnica y de información a los procesos de consulta, esto es algo que no se reconoce como una etapa del proceso. La calidad de la información compartida sobre la medida a consultar y la ausencia de mecanismos para evaluar la compresión sobre ella, debilita la consulta.

Asimismo, el seguimiento al cumplimiento de acuerdos, continúa dependiendo en gran medida de los participantes, y no del sector del Estado que la promovió. Finalmente, existen excepciones para este derecho establecidas en la normativa, tales como la Décimo Quinta Disposición Complementaria del Reglamento de Consulta Previa en Perú, que permite que no se consulten servicios públicos, como son las carreteras, entre otros5. Atender estos puntos es una condición para pensar en una consulta previa en este contexto de emergencia que vivimos

Conclusiones

  • No es posible desarrollar consultas virtuales porque vulnerarían la naturaleza del derecho a la consulta previa. Debemos pensar en qué pasará con el derecho a la consulta previa en este contexto, no solo en Perú, sino en el ámbito internacional. Es necesario reconocer las prácticas y propuestas de protocolos autónomos de consulta de los pueblos indígenas amazónicos y sus lecciones. Recuperar y apoyarnos en las formas tradicionales de toma de decisión de los pueblos indígenas son claves. Así como implementar estándares que fortalezcan la condición intercultural de la consulta.
  • No basta con una etapa informativa, deben desplegarse procesos de preparación y formación, que permitan hacer más eficiente el proceso. A esto sumarle mecanismos para el cumplimiento de acuerdos, y ajustes normativos que expresen de manera clara que no debe haber medidas que se excluyan de consulta previa.

Lo que revela esta situación es que el derecho a la consulta se asume como un trámite para la obtención de permisos. En esa medida, es algo que se puede acelerar, reducir en sus etapas, porque el fin no es el derecho, sino la obtención de un permiso de operaciones extractivo o de infraestructura. Y esto es problemático en este contexto de emergencia sanitaria donde se viene tardando más de cien días en implementar mecanismos efectivos de atención para pueblos indígenas afectados por la COVID-196.

Este 2020 se cumplen 25 años de la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT en Perú, sin embargo, solo 8 de implementación efectiva7. El desafío que muestra este recorrido es que aún no contamos con un Estado plenamente intercultural.

Foto:
A. Santillán/DAR

  1. Diario La República. Pueblos indígenas piden que se descarte de forma oficial las consultas previas virtuales. Disponible AQUÍ. Acceso el 13 de julio de 2020.
  2. Diario Gestión. Ministra de Energía y Minas descarta “consulta previa virtual” para temas de minería. Disponible AQUÍ. Acceso el 13 de julio de 2020.
  3. Ver: Artículo 6, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
  4. Ver: Artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas.
  5. Reglamento de la ley de consulta décimo quinta disposición complementaria transitoria y final.
  6. Reportes de contagios COVID-19 en regiones amazónicas: REPORTE 1 y REPORTE 2. Acceso el 13 de julio de 2020.
  7. La ley de consulta previa 29785 se promulgó el 2011, y su reglamento al año siguiente.