Boletín

DE LA COALICIÓN REGIONAL POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN. N°4

Análisis del proceso de modernización del Marco Social y Ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo

¿Cuáles son los principales retos para América Latina en épocas de pandemia?

Vanessa
Torres

Asociación Ambiente y Sociedad

Vanessa Torres es abogada especialista en Derecho Ambiental, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de acuerdo con su informe anual 2019 tiene una cartera activa de 96 723 millones de dólares correspondientes a préstamos con garantía soberana, otorgados a gobiernos de la región en vía de desarrollo. Esta institución otorga también financiamiento sin garantía soberana al sector privado a través del BID Invest1. A mediados del año 2019 el Directorio Ejecutivo del Grupo BID aprueba el lanzamiento del proceso para modernizar sus políticas sociales y ambientales con el objetivo de mejorar los resultados en materia de sostenibilidad ambiental y social en sus operaciones2.

También, el año pasado año se realizó el proceso de consulta para la actualización del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID Invest. En este artículo analizaremos el proceso de revisión de MPAS del BID durante el año 2020, el cual resulta de especial interés para las organizaciones de la sociedad civil de la región teniendo en cuenta no solo la cartera activa de proyectos de esta institución, sino los procesos de flexibilización normativa que se han vivido en la región en relación a mecanismos de participación ciudadana o los procedimientos ambientales.

Tal es el caso de Colombia en donde la consulta popular, principal mecanismo de decisión comunitaria frente a un proyecto extractivo pierde su carácter vinculante a partir de la sentencia SU-095 de 2018 de la Corte Constitucional, a partir de una acción de tutela impulsada por una empresa petrolera. Este contexto hace indispensable la existencia de salvaguardas fortalecidas e impulsadas por las instituciones financieras internaciones que garanticen los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por megaproyectos de desarrollo.3

El proceso de revisión del MPAS del BID en el cual participamos como Coalición Regional por la Transparencia y la Participación4 –en articulación con el grupo de trabajo regional integrado por organizaciones de la sociedad civil de América Latina y Estados Unidos en pro del fortalecimiento de las salvaguardas ya existentes (IDB Working Group)–, inició en el mes de febrero. Se destaca de este proceso la fase de consultas con base en el primer borrador elaborado por la institución; estas fueron realizadas en cuatro países de la región, a saber, Panamá, Perú, Argentina y Jamaica en jornadas de dos días estableciendo una agenda general para sociedad civil y una agenda específica para pueblos indígenas.

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David Lobo

Entre los principales mensajes impulsados por la sociedad civil de la región se destacan la solicitud expresa de un marco normativo en materia de derecho humanos incluido y desarrollado en el contenido del documento, incluyendo normas relevantes en materia de protección de defensores y defensoras ambientales, como es el caso del Acuerdo de Escazú5; la solicitud de no dilución, solicitando al BID el reconocimiento en su política de los avances en materia ambiental de otras instituciones pares como es el caso del Banco Mundial, evitando retrocesos; consulta previa de todos los documentos que acompañan el borrador como es el caso de las guías de implementación de cada una de las salvaguardas desarrolladas; fortalecimiento del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) y la incorporación de una lista de exclusión de actividades que van en contra de la agenda climática y del objetivo de sostenibilidad ambiental y social del BID6.

En el mes de julio de 2020, fue publicado el segundo borrador iniciándose la fase final de consulta, la cual se realizó mediante la recepción de comentarios por escrito, sin existir un espacio de diálogo directo entre el Banco, las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, pese a que como sociedad civil insistimos en la necesidad de promover espacios de diálogo directo.

Es importante destacar que el segundo borrador es un primer paso importante en la consolidación de diálogos multiactor efectivos, esto teniendo en cuenta que diferentes recomendaciones realizadas por la sociedad civil fueron tenidas en cuenta; lo cual es importante destacar dado que durante el proceso de actualización del Marco Ambiental y Sociedad del Banco Mundial finalizado en el año 2018, las recomendaciones realizadas no fueron incorporadas en el resultado final.

Podemos destacar la inclusión del Acuerdo de Escazú y adicionalmente el enfoque de la política hacia el fortalecimiento de los estándares de la democracia ambiental, acceso a la información, participación ciudadana, acceso a justicia ambiental y protección de defensores y defensoras ambientales, sin duda el impulso y liderazgo del BID en el reconocimiento de este importante instrumento impulsará los procesos de ratificación en curso en América Latina y el Caribe. De igual forma, la consolidación de una lista de exclusión social y ambiental garantiza procesos de toma de decisiones transparentes y sostenibles, el fortalecimiento del lenguaje en todo el documento es notable, siendo una de las principales solicitudes entendiendo que un lenguaje ambiguo y laxo genera confusión al momento de hacer exigible el contenido a los gobiernos prestatarios.

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Rolando Mondragón/DAR

Para esta segunda fase, como organizaciones de la sociedad civil de la región, nuevamente articulamos un documento regional y como Coalición presentamos un documento de análisis y recomendaciones técnicas para fortalecer la política que actualmente está siendo analizada. De esta segunda revisión se destacan recomendaciones, como la incorporación de otras actividades en la lista de exclusión (fracking o las hidroeléctricas), insistimos en el fortalecimiento del derecho al acceso a la información y consulta previa de los documentos que complementan de manera directa el contenido de la política al igual que en garantizar el principio de no dilución respecto a las políticas ya existentes, durante la ejecución del proyecto es necesaria la incorporación de una obligación expresa al prestatario de informar cualquier cambio en el diseño o la implementación para que la institución evalué los posibles impactos y afectaciones.

Es importante tener en cuenta que el BID impulsa actualmente el desembolso de créditos destinados a la reactivación económica de los sectores productivos en los países de la región,7 lo cual sin duda representara un desafío en los próximos años teniendo en cuenta los impactos en las proyecciones de crecimiento económico. Tal es el caso de Colombia, que de acuerdo con el último informe del banco sobre los retos y oportunidades en el contexto post- COVID-19, su economía se contraerá un -2.4% en 2020 y crecerá un 3,7% en 2021 con estimaciones de crecimiento en un rango de 1,7% 91 a -13,23% 92 anual8. El futuro en el pago de esta deuda adquirida sin duda debe ser motivo de análisis y seguimiento por parte de la ciudadanía, sin embargo es importante resaltar que no es posible tener fácil acceso en tiempo real a los proyectos que están siendo aprobados en virtud de estos financiamientos, por tal motivo el fortalecimiento del MPAS es fundamental para un escenario futuro de veeduría y seguimiento.

Como organizaciones de la sociedad civil reiteramos nuestro compromiso en el monitoreo de estas políticas de salvaguardas, principalmente en su fase de implementación, más aún en un contexto incierto en el ámbito mundial y hacemos un llamado al BID a continuar facilitando procesos de diálogo y participación con la ciudadanía para la construcción de normativas efectivas y garantizar una agenda de desarrollo que materialice el compromiso de sustentabilidad y la agenda climática asumidos por la institución.

  1. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Informe Anual 2019 Estados Financieros. p. 8. Disponible AQUÍ. Acceso en 13 de agosto de 2020.
  2. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Comunicado de prensa. El BID lanza proceso de modernización de políticas ambientales y sociales. Disponible AQUÍ. Acceso en 13 de agosto de 2020.
  3. “Las salvaguardias son un sistema de normas o estándares que sirven para mitigar, prevenir y reducir los impactos negativos asociados con los proyectos y programas de desarrollo de los BMD. Para recibir financiamiento de los BMD, los prestatarios (gobiernos o actores privados) deben cumplir con las salvaguardias sociales y ambientales, lo que requiere que identifiquen y minimicen los impactos negativos que un proyecto pueda tener en las comunidades y el medio ambiente. Las salvaguardias, por ejemplo, incluyen: llevar a cabo evaluaciones de impactos ambientales y riesgos sociales, garantizar la participación y el consentimiento de las comunidades afectadas, restituir la calidad de vida de las personas desplazadas involuntariamente, proteger hábitats, bosques y vías de navegación naturales, y controlar y evaluar resultados sociales y ambientales”. La revisión de las políticas del BID Invest: ¿Por qué es importante y como puede participar? Carolina Juaneda. Bank Information Center. Disponible AQUÍ. Acceso en 13 de agosto de 2020.
  4. Conformada por: Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bolivia; CONECTAS Brasil, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú.
  5. De acuerdo con el último informe de la organización Global Witness América Latina América Latina es la región más peligrosa para proteger el ambiente; Colombia y Brasil ocupan respectivamente el primer y tercer puesto como países más peligrosos para los defensores y defensoras ambientales.
  6. Como resultado de la articulación regional más de 50 organizaciones de la sociedad civil presentamos un documento conjunto en donde se explican en detalle cada una de las recomendaciones técnicas realizadas. Disponible AQUÍ. Acceso en 13 de agosto de 2020.
  7. De acuerdo con el presidente del BID Luis Alberto Moreno en especial de televisión ‘Prevención y Acción’, dirigido por el Presidente Iván Duque para el mes de julio el BID habría desembolsado de 1050 millones de dólares.
  8. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). ALC Post COVID. Retos y Oportunidades. Banco Interamericano de Desarrollo. p. 28. Disponible AQUÍ. Acceso en 13 de agosto de 2020.